Buenos Aires habilitó usar fondos de caminos rurales para obras hídricas

En medio de la preocupación por los posibles efectos del fenómeno El Niño, la provincia de Buenos Aires promulgó la Ley 15.688, que permite a los municipios destinar hasta el 100% de los fondos del Inmobiliario Rural asignados al mantenimiento de caminos a la ejecución de obras hídricas.

Los municipios bonaerenses podrán destinar hasta el 100% de los recursos del Impuesto Inmobiliario Rural asignados al mantenimiento de la red vial a la realización de obras hídricas. La medida quedó habilitada tras la promulgación de la Ley 15.688, publicada este martes en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires.

La decisión se produce en un contexto de preocupación por los posibles efectos del fenómeno climático El Niño y la necesidad de fortalecer la infraestructura para prevenir anegamientos y atender los problemas derivados del exceso de precipitaciones.

La normativa autoriza a los intendentes a utilizar los recursos coparticipados o transferidos en el marco de la Ley 13.010 para ejecutar trabajos que permitan mejorar el escurrimiento del agua y reducir el impacto de las inundaciones en los distritos rurales.

Qué obras podrán financiar los municipios

La nueva legislación contempla diferentes intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura hídrica de los municipios bonaerenses.

Entre los trabajos habilitados se encuentran:

• Obras de drenaje pluvial.

• Dragado y limpieza de canales.

• Reparación y ampliación de alcantarillas.

• Construcción de obras de defensa.

• Adquisición de equipamiento hídrico.

La autorización tendrá carácter excepcional y una vigencia de 180 días corridos desde la publicación de la ley, por lo que se extenderá hasta los primeros días de mayo de 2027.

Cómo se distribuye actualmente el Impuesto Inmobiliario Rural

La legislación vigente establece un esquema de distribución de los recursos recaudados mediante el Impuesto Inmobiliario Rural.

Actualmente, el reparto contempla los siguientes porcentajes:

La nueva disposición habilita a los gobiernos locales a utilizar los recursos asignados al mantenimiento vial rural para atender también las necesidades de infraestructura hídrica.

Una herramienta para enfrentar las emergencias climáticas

La iniciativa fue impulsada por el senador de Unión y Libertad, Sergio Vargas, con el objetivo de ampliar la capacidad de respuesta de los intendentes frente a las dificultades que generan las precipitaciones y los problemas de escurrimiento.

De esta manera, los municipios podrán ejecutar obras consideradas prioritarias sin quedar limitados exclusivamente al mantenimiento de los caminos rurales.

La medida adquiere relevancia para el sector agropecuario, ya que los excesos hídricos no solamente afectan la transitabilidad de los caminos, sino que también pueden comprometer los lotes productivos, la logística de transporte y el movimiento de maquinaria e insumos.

Los intendentes tendrán la decisión sobre el uso de los recursos

Uno de los puntos centrales de la Ley 15.688 es que la reasignación de los fondos constituye una facultad y no una obligación para los municipios.

Esto significa que cada intendente podrá decidir si utiliza los recursos para financiar obras hídricas o si mantiene su destino original para el mantenimiento de los caminos rurales.

La posibilidad de redireccionar hasta el 100% de los fondos abre una alternativa para atender situaciones de emergencia, aunque también plantea el desafío de equilibrar las inversiones en infraestructura hídrica con las necesidades de conservación de la red vial rural.

En una provincia donde los caminos rurales son fundamentales para sacar la producción, trasladar hacienda y garantizar el acceso a establecimientos agropecuarios, la decisión de cada distrito será determinante para definir las prioridades durante los próximos meses.

Fuente: Bichos de Campo