Las cuatro cadenas reclamaron una ley para eliminar las retenciones y presentaron cinco propuestas para el agro
En su mensaje conjunto de cierre de 2026, las entidades plantearon una agenda de trabajo para 2027 que incluye previsibilidad tributaria, incentivos para fertilizar los suelos, apertura de mercados, financiamiento, biocombustibles e inversión en tecnología. También pidieron reglas estables para impulsar el desarrollo productivo.
Las cuatro cadenas agroindustriales de la Argentina presentaron un conjunto de cinco propuestas para profundizar el desarrollo del sector y reclamaron al Gobierno nacional que impulse una ley en el Congreso que establezca un cronograma de reducción y eliminación de los derechos de exportación. En su mensaje conjunto de cierre de 2026, las entidades plantearon una agenda de trabajo para 2027 centrada en la previsibilidad para invertir, el cuidado del suelo, la apertura de mercados, la innovación tecnológica y la coordinación entre el sector público y privado.
El planteo más contundente apunta a convertir en ley el camino hacia la eliminación de las retenciones, con alícuotas y fechas definidas, para garantizar que las inversiones agropecuarias puedan proyectarse a largo plazo. Las cadenas también reclamaron incentivos para la reposición de nutrientes, una nueva legislación para biocombustibles y mayor financiamiento para infraestructura y equipamiento.
El documento dimensionó el peso de la actividad agroindustrial: las cuatro cadenas representan casi 39 millones de hectáreas en todo el país y generan cuatro de cada diez dólares que exporta la Argentina, además de una parte importante del empleo y la actividad económica del interior.
Retenciones: piden una ley con fechas y alícuotas para su eliminación
La primera propuesta está vinculada con las reglas económicas y la previsibilidad necesaria para promover inversiones. Las entidades consideraron que las decisiones sobre infraestructura, plantas de procesamiento, sistemas de riego y equipamiento requieren horizontes de planificación de entre 10 y 20 años.
En ese contexto, respaldaron el objetivo de eliminar los derechos de exportación y señalaron que el cronograma de reducción establecido por el Poder Ejecutivo debe transformarse en una política de Estado.
Las cuatro cadenas solicitaron que el Gobierno impulse en el Congreso una ley que mejore el esquema vigente y establezca un recorrido concreto hacia la eliminación de las retenciones, con alícuotas y fechas ciertas.
El documento también advirtió que el Código Aduanero todavía permite volver a incrementar esos derechos y planteó la necesidad de dar respaldo legal al proceso de reducción. En particular, señalaron que la soja, por tener la alícuota más elevada, es el cultivo que soporta una mayor carga tributaria.
Además, convocaron a provincias y municipios a acompañar el sendero de reducción impositiva, para evitar que los alivios fiscales nacionales se compensen con nuevos tributos en otros niveles del Estado. También reclamaron inversiones sostenidas en caminos rurales.
Biocombustibles: reclaman una nueva ley y mayores cortes
Dentro de la agenda de previsibilidad, las entidades incluyeron una modificación del marco regulatorio de los biocombustibles.
Advirtieron que la legislación vigente tiene plazo hasta 2030, un horizonte que consideran insuficiente para impulsar inversiones industriales de largo plazo.
Como referencia, señalaron que Brasil utiliza casi el triple de etanol en sus mezclas con nafta y el doble de biodiésel en el gasoil respecto de la Argentina.
Por eso, solicitaron que la Cámara de Diputados concluya el debate legislativo y avance con un marco de mayor duración, que contemple los porcentajes de corte de bioetanol y biodiésel aprobados por el Senado.
También propusieron multiplicar las líneas de crédito público a diez años para financiar equipamiento e infraestructura agropecuaria, además de identificar los obstáculos que limitan el acceso de las pequeñas y medianas empresas al mercado de capitales.
Otro de los reclamos fue avanzar con una ley nacional de presupuestos mínimos para la aplicación de productos fitosanitarios, basada en evidencia científica y que establezca criterios comunes para todo el territorio.
Nutrición del suelo: proponen incentivos para reponer nutrientes
La segunda propuesta está centrada en la conservación de los recursos productivos y la fertilidad de los suelos.
Las entidades destacaron que ocho de cada diez hectáreas agrícolas se siembran bajo sistemas de siembra directa, una práctica que evita remover la tierra y contribuye a su conservación.
Sin embargo, advirtieron que la reposición de nutrientes continúa siendo insuficiente frente a las necesidades de los cultivos.
Por eso, propusieron impulsar una ley de nutrición del suelo que promueva el uso de fertilizantes y enmiendas mediante incentivos fiscales para favorecer la reposición de los nutrientes extraídos por las cosechas.
El documento relacionó esta problemática con la presión de los derechos de exportación, que reduce la capacidad de compra de insumos por parte de los productores, además de otros impuestos y los costos logísticos.
La iniciativa busca establecer un mecanismo de incentivos que acompañe el proceso de reducción de las retenciones hasta su eliminación y permita mejorar la salud de los suelos y la productividad agrícola.
Mercados externos: más destinos y defensa de las exportaciones
La tercera propuesta apunta a fortalecer la inserción internacional de los productos agroindustriales argentinos.
Las cuatro cadenas destacaron que la confianza de los compradores depende de la calidad, la trazabilidad y las garantías sanitarias de los productos. En ese sentido, mencionaron los trabajos que se desarrollan en trigo, girasol, maíz y soja para mejorar los estándares de calidad y responder a las demandas comerciales.
También reclamaron profundizar las negociaciones internacionales frente a las nuevas exigencias ambientales que condicionan el acceso a determinados mercados.
El documento hizo especial referencia a la normativa europea sobre deforestación y sostuvo que los requisitos ambientales deben estar respaldados por evidencia científica y acordados entre las partes. Las entidades consideraron que las exigencias que no cumplen esos criterios pueden convertirse en barreras al comercio.
En esa línea, propusieron aprovechar la información ambiental y productiva disponible en la Argentina, proteger los datos de los productores y continuar las gestiones para que el país sea reconocido como de bajo riesgo ambiental.
Otro de los objetivos es ampliar la red de agregadurías agrícolas y abrir nuevos destinos para granos, harinas, aceites, carnes y alimentos. Entre las prioridades mencionaron al sorgo, cuya comercialización depende actualmente de un número limitado de compradores.
El mensaje también destacó la apertura del mercado japonés para la carne vacuna argentina y la reanudación de las compras de carne aviar por parte de la Unión Europea.
En materia de biotecnología, solicitaron que el sector privado pueda acompañar como observador las negociaciones bilaterales y que se agilicen las aprobaciones de eventos tecnológicos en los países compradores. El objetivo es evitar que las demoras regulatorias internacionales impidan que los productores accedan a innovaciones ya autorizadas en la Argentina.
Investigación, semillas y tecnología para mejorar la productividad
La cuarta propuesta está vinculada con la generación y transferencia de conocimiento.
Las cadenas señalaron que los avances de productividad surgieron del trabajo conjunto entre institutos públicos, universidades, empresas y centros de investigación.
Según los estudios mencionados en el documento, la producción argentina alcanza actualmente entre seis y siete de cada diez toneladas que podrían obtenerse de acuerdo con el potencial del suelo y el clima.
Para reducir esa brecha, consideraron necesario fortalecer la inversión en investigación, desarrollo y mejoramiento genético.
En particular, reclamaron que la mesa de trabajo sobre semillas convocada por el Gobierno alcance acuerdos sobre propiedad intelectual que incentiven la inversión y, al mismo tiempo, aseguren a los productores el acceso a nuevas tecnologías.
Una agenda común para 2027
La quinta propuesta apunta a transformar los planteos sectoriales en una agenda institucional de trabajo entre las cadenas, el Gobierno nacional y las provincias.
Las entidades solicitaron que las prioridades tengan responsables definidos, fechas de cumplimiento y mecanismos de seguimiento compartido.
El mensaje también repasó algunas de las medidas impulsadas durante 2026, entre ellas el cronograma de reducción de los derechos de exportación, la transferencia de la gestión de la vía navegable troncal al sector privado, el avance de la licitación de los ferrocarriles de carga, los incentivos para inversiones en riego y la fijación de plazos máximos para evaluar nuevos eventos biotecnológicos.
En materia de comercio exterior, destacaron las aperturas de mercados para productos argentinos, como la carne vacuna en Japón y la carne aviar en la Unión Europea.
El agregado de valor y el arraigo en el interior
En el cierre del mensaje, las cuatro cadenas reivindicaron el papel de la agroindustria en el desarrollo de las economías regionales y las comunidades del interior.
Señalaron que cada eslabón de la cadena —desde la producción de granos hasta su transformación en molinos, frigoríficos, aceiteras y plantas de alimentos balanceados— genera empleo, ingresos y recursos fiscales en las localidades donde se desarrolla.
El objetivo, remarcaron, es construir condiciones para que las inversiones generen oportunidades y permitan que más personas, especialmente los jóvenes, puedan proyectar su futuro en el interior del país.
El mensaje concluyó con un llamado a sostener las coincidencias alcanzadas durante 2026 y convertirlas en reglas de largo plazo. Además, las entidades invitaron a participar de la Conferencia Mundial de Investigación de la Soja, prevista para abril de 2027 en Rosario.
Fuente: ACSOJA
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