La carga tributaria, entre los costos que presionan

Si el que transcurre es un año de por sí pesado en términos de costos generales para el agro, la carga impositiva de diferente origen sigue ganando terreno.

De acuerdo con el último reporte de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (Fada), con sede en Río Cuarto, el índice de participación del Estado en la renta agrícola alcanzó en junio el 73,7 por ciento. Esto, medido como la suma de todos los impuestos nacionales, provinciales y costos de intervención de mercado sobre la renta de una hectárea de uso agrícola representativa promedio a nivel nacional.

El número descripto significa que por cada 100 pesos de renta que produce el sector, el Estado percibe 73,70 pesos. En el desagregado, la mayor porción queda en el ámbito nacional, con el 71,4 por ciento (en concepto de impuestos que cobra la Nación), mientras se envía a las provincias el 19 por ciento.

A nivel provincial, el dato menos ríspido es que los representantes de la producción fueron convocados a un intercambio técnico, con el aporte de asesores de las entidades, para avanzar y definir la grilla tributaria de 2014.

La novedad, en este punto, es que la Provincia buscará avanzar sobre una nueva versión del Impuesto Inmobiliario Rural, según quedó sobre la mesa en reuniones que mantuvieron los dirigentes la semana pasada con los ministros de Finanzas, Ángel Mario Ellettore, y de Agricultura, Néstor Scalerandi.

Se trabaja sobre un Impuesto a la Renta Potencial de la Tierra, basado en la productividad y no en el valor comercial de los campos, con cuyos recursos la administración de José Manuel de la Sota procurará financiar un presupuesto específico.

Este año, con el Inmobiliario y sus fondos adicionados, el agro cordobés estaría aportando unos mil millones de pesos a la canasta pública. La Provincia, en principio, busca avanzar en un esquema algo más previsible respecto de los últimos años, aunque ya surgieron puntos para la discusión. Uno radica en la potencial flexibilidad y deslizamiento del gasto rural, generado en ítems tales como mantenimiento de caminos, escuelas, seguridad, conservación de suelos, incendios forestales e infraestructura, entre otros.

El calibre de ese presupuesto podría disparar cambios en las bases imponibles o en las alícuotas que impactarán sobre los contribuyentes, advierten.

Según la legisladora radical Alejandra Matar, titular de la Comisión de Agricultura en la Legislatura, la cuenta de inversión de 2012 sólo permite cuantificar los gastos que realiza el Ministerio de Agricultura. Pero resulta muy difícil estimar cuánto se destina a patrullas rurales, escuelas y otros rubros. La puesta en guardia de los productores radica en que, sumada en su conjunto -a escala nacional y provincial- la presión fiscal sobre el sector ha llegado su punto límite.

Fuente: Carlos Petroli, La Voz del Interior; Cuenca Rural.