El Estado retoma el control en el conflicto entre Monsanto y la Mesa de Enlace

Hay negociaciones intensas para convencer a la empresa agrícola que desista de cobrar compulsivamente por su tecnología. Los primeros camiones de soja de la cosecha 2015/16 están llegando a los puertos y allí hay zozobra, pues no se sabe si deben realizarse o no los controles compulsivos implementados por Monsanto, con acuerdo del sector exportador y apoyo de la industria semillera, para cobrar a los productores los derechos de autor que le correspondan por su nueva soja transgénica, la Intacta RR2.

Hay negociaciones intensas para convencer a la empresa agrícola que desista de cobrar compulsivamente por su tecnología.

Los primeros camiones de soja de la cosecha 2015/16 están llegando a los puertos y allí hay zozobra, pues no se sabe si deben realizarse o no los controles compulsivos implementados por Monsanto, con acuerdo del sector exportador y apoyo de la industria semillera, para cobrar a los productores los derechos de autor que le correspondan por su nueva soja transgénica, la Intacta RR2. En este contexto, hay negociaciones intensas para dar punto final a un conflicto que lleva varios años.

Según consigna Clarín, las entidades que conforman la Mesa de Enlace estarían dispuestas a aceptar un principio de acuerdo impulsado por el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile. El funcionario, en declaraciones al programa Bichos de Campo, fue explícito a la hora de desbaratar las pretenciones iniciales de Monsanto, que armó un sistema propio para controlar todos los camiones que llevaran soja al circuito comercial. “No habrá nadie del sector privado por encima del sector público en la fiscalización de las semillas", indicó el funcionario.

Desde el viernes pasado, timoneadas por el secretario de Agricultura, Ricardo Negri, se suceden febriles reuniones para hallar una solución al diferendo. En diciembre pasado, toda la cadena agrícola -a excepción de tres entidades de productores-, propusieron un sistema común llamado Bolsatech, en el que los controles se harían bajo el manto institucional de las Bolsas de Cereales.

Pero tampoco este modelo, que debía empezar a funcionar esta semana, ablandó la resistencia de los ruralistas, que amenazaron con bloquear los puertos o recurrir a la justicia.

El pacto que propone el equipo de Agroindustria iría por una tercera vía: designar con rapidez el directorio del Instituto Nacional de Semillas (INASE), un trámite pendiente desde 2005, para que sea este organismo el que se ocupe de la fiscalización de los camiones con soja. Ya no lo haría Monsanto de modo compulsivo ni tampoco el conjunto de la cadena agrícola. El Estado retomaría sus controles.

¿Para qué servirán estos controles? Monsanto siempre se quejó de que nunca cobró regalías por el desarrollo de la primera soja transgénica, la RR, introducida al país en 1996. Veinte años después no quiere que se repita la historia con la Intacta RR2. Detrás suyo hay varias otras compañías -como Basf, Syngenta o Dow- con nuevos eventos genéticamente modificados por lanzar, que comperten el mismo objetivo: que la tecnología se pague. Pero con la soja es algo difícil, pues es una especie autógama y los granos cosechados pueden utilizarse como semilla. Los eventos transgénicos, así, pueden multiplicarse hasta el infinito y no pagar derechos de autor, como una película pirata o un CD de música.

Todos los actores del negocio, inclusive Monsanto, están de acuerdo en que esos derechos deben pagarse primordialmente cuando el productor que decide usar una tecnología compra la bolsa de semilla certificada. El problema es que está muy difundida la venta de semillas como "bolsa blanca" en el mercado marginal. La semilla certificada solo representa 15% de la siembra. Por eso se pretende controlar también la producción sojera, a la caza de los productores que hayan eludido ese compromiso.

El problema es que esta avanzada de las grandes compañías para hacer valer sus derechos vulnera otro derecho milenario, el que tienen los agricultores de guardar parte de sus granos para hacer "Uso Propio" y usarlos como simiente. A eso apelan las entidades rurales para rechazar planteos como el Bolsatech o los controles compulsivos de Monsanto.

En la propuesta de Buryaile habría, además de controles renovados del INASE, una limitación del Uso Propio, de la que solo quedarían expluidos los productores familiares. Para los establecimientos más grandes, en cambio, ese derecho sería "acotado" por un plazo en el tiempo, posiblemente de tres años.

Fuente: Infocampo