Principio de acuerdo entre Agroindustria y Monsanto

Desde Agroindustria confirmaron ayer que "hay un compromiso de la empresa de desistir el cobro en el momento de la exportación".
"Esto de ninguna manera implica que la empresa desista de cobrar por su tecnología, sino que esta instancia no se va a producir en el momento de la exportación", señaló la fuente y agregó que "de esta forma no se va a entorpecer el comercio de granos".

Desde Agroindustria confirmaron ayer que "hay un compromiso de la empresa de desistir el cobro en el momento de la exportación".

"Esto de ninguna manera implica que la empresa desista de cobrar por su tecnología, sino que esta instancia no se va a producir en el momento de la exportación", señaló la fuente y agregó que "de esta forma no se va a entorpecer el comercio de granos".

Según explicaron desde Agroindustria, el compromiso de la empresa es desistir del cobro compulsivo en el momento de la exportación. En el caso de que se detecte la presencia de tecnología de Monsanto en los granos sin un acuerdo previo entre el productor y la empresa, en vez de proceder con el cobro del canon como se venía impulsando, se reclamará que el mismo se efectúe por otras vías.

Esta semana, durante un encuentro con representantes de los exportadores, acopiadores y semilleros, funcionarios de Agroindustria anunciaron el compromiso de Monsanto de desistir del cobro en la instancia de exportación.

Ante la consulta de Télam, los exportadores nucleados en el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) dijeron estar "notificados y expectantes" ante la decisión de Monsanto, mientras que desde Federación Agraria (FAA) esperaban a que se produzcan las primeras operaciones de exportación luego del anuncio para ver "si efectivamente existe el compromiso de la empresa".

Si bien desde Monsanto evitaron confirmar el acuerdo, trascendió que la empresa estaría dispuesta a no descontar automáticamente en el puerto a los productores que se les detecte la tecnología y no cuenten con licencia, buscando resolver conflictos eventuales en la Cámara Arbitral, siempre y cuando continúen vigentes los procedimientos de detección.

Desde que Agroindustria emitió la Resolución 140 a mediados de abril, por la cual buscaba frenar el sistema de control de Monsanto para asegurarse el cobro de su tecnología en soja Intacta, se produjeron distintos encuentros entre las autoridades y la empresa, que incluyeron una reunión entre el ministro de la cartera, Ricardo Buryaile, y el CEO mundial de Monsanto, Brett Begemann, e incluso la intervención de funcionarios de jefatura de Gabinete y de la embajada de Estados Unidos.

En esa normativa, la cartera había definido que todo sistema de control o análisis que se use en el comercio de granos debía contar para su implementación con la previa autorización del Ministerio de Agroindustria, lo que luego se complementó con la 147, donde se estableció el procedimiento para validar los sistemas de control y se definió a la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios de la cartera agroindustrial.

Con estas dos normativas, Agroindustria buscó poner fin a la disputa que se había iniciado en el 2013 con el lanzamiento de la tecnología Intacta de Monsanto y la vocación de la empresa de poder cobrar por el uso de su tecnología, lo que motivó la inclusión de la clausula de cobro compulsivo en el momento de la exportación en el caso de que se detectara la presencia de la soja RR2 y que el productor no contara con documentación que respaldara la compra de esa tecnología.

Esa decisión de Monsanto desató en forma inmediata el malestar de las entidades rurales de los productores, lo que llevó a que la Federación Agraria impulsara en 2015 una denuncia contra la empresa en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por abuso de posición dominante, que todavía está pendiente de resolución.

Según datos del mercado, pese a los reclamos de las entidades, cerca del 65 por ciento de los productores de soja que adquirieron la tecnología lo hicieron de forma anticipada. Se trata de cerca de 5.000 clientes que optaron por pagarle a Monsanto en forma anticipada, lo que reduce la discusión por el cobro a algo más de 2.500 productores restantes.

Sin embargo, desde las entidades insisten en que la discusión se extiende a cuestiones de fondo como el uso propio y la propiedad sobre los granos.

Fuente: Telam