Monsanto revisará sus planes de negocios en el país

La multinacional de EE.UU. sostiene que en Argentina no se respetan sus derechos de propiedad intelectual. Y que no hay un ambiente propicio para invertir. Decepcionado por las medidas adoptadas por el Gobierno, y con expresiones como éramos optimistas en que se encontraría una solución, o falta de consenso, o la necesidad de crear un ambiente de negocios predecible, que invite a la inversión extranjera, la multinacional Monsanto anunció, a través de un comunicado, que va a revisar sus planes de negocios y proyecciones en el país.

Monsanto revisará sus planes de negocios en el país

La multinacional de EE.UU. sostiene que en Argentina no se respetan sus derechos de propiedad intelectual. Y que no hay un ambiente propicio para invertir.

Decepcionado por las medidas adoptadas por el Gobierno, y con expresiones como éramos optimistas en que se encontraría una solución, o falta de consenso, o la necesidad de crear un ambiente de negocios predecible, que invite a la inversión extranjera, la multinacional Monsanto anunció, a través de un comunicado, que va a revisar sus planes de negocios y proyecciones en el país.

Su CEO, Brett Begemann, sostuvo en el mismo comunicado que, a pesar de que el gobierno argentino reconoció que estaba comprometido a apoyar un entorno propicio para la inversión y el desarrollo a largo plazo de la agricultura, a través del reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual y el respeto de los contratos privados, las recientes acciones no son coherentes con esa posición.

El ejecutivo abogó por la necesidad de respaldar activamente estos principios básicos para crear un ambiente de negocios predecible que invite a la inversión extranjera. Si bien agregó que mantiene el espíritu para dialogar, se mostró preocupado y anunció una completa revisión de sus planes en el país.

Lo hizo luego de que el Ministerio de Agroindustria, que dirige Ricardo Buryaile, confirmara semanas atrás la decisión de que los sistemas de controles de los granos deben estar autorizados por el Estado, y dejara sin efecto la denominada Cláusula Monsanto, con la que cobraba regalías a los productores por la utilización de la soja Intacta resistente a insectos.

Producto de esta decisión, además de presionar con el enfriamiento de las inversiones, Monsanto tomó una medida concreta: no venderá nuevas tecnologías en el país, por lo menos hasta la segunda mitad del año. La compañía emplea de forma directa unas 1000 personas, y de forma indirecta entre 3000 y 4000 personas.

Hasta que haya una mayor claridad sobre una forma predecible para el reconocimiento del valor de las nuevas tecnologías de soja patentadas, la compañía tomará medidas para proteger sus activos y suspenderá el lanzamiento de tecnología en soja, como la Roundup Ready 2 Xtend, esbozó en el comunicado, donde se cita a Brett Begemann, CEO global de Monsanto, el mismo que semanas atrás estuvo reunido con el propio Buryaile.

Desde Agroindustria, afirmaron a El Cronista que el objetivo es garantizar el libre comercio y los derechos de las empresas y productores, y que la decisión de la regulación está dirigida al comercio de granos, y no a una empresa en particular. El conflicto comenzó a mediados de abril, cuando entidades agropecuarias como la Federación Agraria y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) impulsaron quejas por la pretensión de Monsanto de cobrar un canon por el uso de la tecnología denominadaIntacta, para semillas de soja.

Por su parte, el Gobierno había destacado que su prioridad era regularizar el mercado semillero, ante la comprobación de que en el caso de la oleaginosa sólo el 20% de la semilla es certificada. Así, Agroindustria determinó que todos los sistemas de control que se utilicen en el mercado de granos deberán contar con la autorización previa del organismo.

Esto significó un golpe para Monsanto y un sector de la industria semillera, que impulsaba desde hace dos años procedimientos de fiscalización de semillas para el cobro de regalías. A través de este sistema, los productores debían firmar una cláusula en los contratos de granos con Monsanto aceptando la realización de un test sobre su soja, a fin de determinar si posee dicha tecnología. Si el productor la usaba y no abonaba, en el puerto la multinacional aplicaba un descuento directo sobre el grano. El Gobierno oficializó la decisión a través de la resolución 140/2016, publicada en el Boletín Oficial que se conoció el mes pasado.

Fuente: Cronista Comercial

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