Horas cruciales en el conflicto con Monsanto por la soja

Funcionarios del Gobierno no descartan que si no se produce el entendimiento lo que viene sea un proceso de judicialización del conflicto. El teléfono en el Ministerio de Agroindustria todavía no sonó. Cuando corre la cuenta regresiva para que se cumpla el plazo de 48 horas que el lunes la multinacional Monsanto pidió para responder si acepta un acuerdo para destrabar el conflicto por el pago de un canon de su soja Intacta, resistente a insectos, en el Gobierno aguardan una respuesta positiva de la empresa.

Funcionarios del Gobierno no descartan que si no se produce el entendimiento lo que viene sea un proceso de judicialización del conflicto.

El teléfono en el Ministerio de Agroindustria todavía no sonó. Cuando corre la cuenta regresiva para que se cumpla el plazo de 48 horas que el lunes la multinacional Monsanto pidió para responder si acepta un acuerdo para destrabar el conflicto por el pago de un canon de su soja Intacta, resistente a insectos, en el Gobierno aguardan una respuesta positiva de la empresa.

Pero, mientras transcurre la tensa espera, funcionarios del Gobierno no descartan que si no se produce el entendimiento lo que viene sea un proceso de judicialización del conflicto. Esto es, con denuncias cruzadas entre productores y la compañía por el pago de ese canon.

En la actualidad, la empresa se encuentra realizando análisis en los puertos, a través de una cláusula en los contratos de compraventa de granos que impuso y que obliga a los productores a aceptar un test en la soja, hayan sembrado o no la tecnología de la multinacional. Si el resultado da positivo, y los productores no le pagaron antes en la compra de la semilla, inmediatamente los exportadores le avisan a Monsanto y la compañía le manda facturas de cobro a los productores por US$ 15 por tonelada.

Salvo un reclamo judicial que el año pasado la firma le inició a la cooperativa Agricultores Federados Argentinos (AFA) por infringir supuestamente la ley de patentes [la empresa dice que patentó el producto], no se conocen públicamente juicios de productores a Monsanto o de la empresa a ellos.

"La judicialización, todos contra todos, es un escenario posible", admitió una fuente oficial que, no obstante, prefiere creer que antes que eso habrá acuerdo.

Al margen de la eventual pelea judicial que se desataría entre productores y la empresa, en el sector está fresco el recuerdo de Monsanto parando, a mediados de la década pasada, barcos en Europa porque quería cobrar por la primera soja transgénica RR, resistente al herbicida glifosato.

Ayer, Gustavo Lopetegui, coordinador del equipo económico, encabezó una reunión con Monsanto, la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), acopiadores, exportadores, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Sociedad Rural Argentina (SRA). Con el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, de viaje por China, en su lugar asistieron el jefe de Gabinete, Guillermo Bernaudo, en quien el ministro delegó la negociación, y el secretario de Agricultura, Ricardo Negri (h). Por su rol, Lopetegui viene trabajando en línea con Agroindustria otros temas, no sólo Monsanto, y de hecho no impuso ningún cambio a la postura de Agroindustria respecto del conflicto. Su papel en esta pelea es ser "facilitador" para intentar destrabar el conflicto.

En este contexto, en la reunión Monsanto pidió 48 horas para contestar en torno de dos cuestiones. Por un lado, sobre si está de acuerdo o no con el plazo de dos a cuatro meses que el Estado demoraría para pasarle la información, previo un eventual descargo de los productores, de aquellos casos que no tenían contrato con la empresa pero se les detectó Intacta. El Estado haría la fiscalización, pero la compañía quiere acortar ese plazo, como ocurre ahora con los casos de los productores que firmaron contratos con ella y de los cuales obtiene información de manera inmediata de los exportadores si se detectó en la soja su tecnología.

Por otra parte, la firma tiene que responder si acepta dar de baja la cláusula que impuso en los contratos de compraventa de granos. Ni las entidades del agro ni el Gobierno quieren una cláusula en el comercio de granos. Según trascendió, Monsanto dejó abierta la posibilidad de una "mini cláusula" que actúe a título informativo para el análisis.

A todo esto, la multinacional quiere que el Estado se haga cargo también de sancionar a los productores que eventualmente compraron semilla de manera legal, por ejemplo a otro semillero, pero no firmaron con Monsanto un contrato por el uso de su tecnología resistente a insectos. En el Gobierno dicen que no pueden aceptar esta pretensión de la empresa porque esto último "se trata de un problema comercial de ellos".

Hoy debería conocerse la respuesta de la empresa que pueda dar lugar al acuerdo o, en todo caso, comenzará a acercarse el riesgo de la judicialización del conflicto.

Fuente: Fernando Bertello  |  Diario La Nación