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ASÍ OPINA EL EX PRESIDENTE DE CRA, ARTURO NAVARRO, Y VE PERJUDICIAL LA “SEGMENTACIÓN”.
“Hay que eliminar los derechos de exportación”.
El próximo 24 de agosto vencen1.900 leyes delegadas al Poder Ejecutivo desde 1974. Los diputados y senadores, por falta de coraje o por conveniencia política, según la circunstancia, fueron renovando dichas delegaciones con el re manido argumento de la emergencia económica.
Consecuencia de esas actitudes es la situación actual, la más grave para una democracia: que no funcione la división de poderes. En los próximos 30 días los legisladores tienen la gran oportunidad de revertir esta situación para poder empezar a reconstituir una gestión republicana de gobierno que nos permita remontar la actual decadencia argentina.
Entre dichas funciones delegadas está el código aduanero, que es el que permitió fijar derechos de exportación en forma discrecional e intempestiva. Si esta atribución vuelve al ámbito parlamentario, ningún funcionario se podrá ya arrogar la potestad de decretar que hay ganancia extraordinaria de oficio y captar esa supuesta plusvalía, fijando el impuesto más distorsivo para el desarrollo geopolítico del país.
El impuesto a las ganancias al ser progresivo es el más justo para gravar las actividades de todos los ciudadanos y los pequeños productores no pagarían. En agosto nuestros representantes tienen la oportunidad de fijar posición sobre los derechos de exportación, si es que quieren terminar con la discriminación entre los diferentes sectores de la economía, entre las distintas regiones del país y sus habitantes.
Su eliminación nos permitirá cumplir con una de las principales normas fijadas por la Organización Mundial de Comercio, a la que también adhiere el MERCOSUR: la que sostiene que las exportaciones no deben gravarse con impuestos. La propuesta de la Federación Agraria Argentina, que avala los derechos de exportación con segmentación, desconoce, por empezar, el reclamo de la mayoría de los productores y de todas las fuerzas vivas del interior.
Desconoce también el documento presentado por la Comisión de Enlace en marzo del 2009, en Córdoba. Y pone en juego la precaria unidad de las entidades, vaciadas de contenido programático en conjunto, de visión, de misión y de una estrategia planificada para el mediano y largo plazo, que permita orientar a sus representados en un solo proyecto agropecuario y agroindustrial, que no tiene por qué ser por unanimidad.
Con estas propuestas siguen confundiendo a los pequeños productores con recetas de intervención del estado en el negocio empresario, que ya mostraron su fracaso. Parece que todavía no asumieron que no se debe cobrar un impuesto sobre la venta bruta que es confiscatorio y anticonstitucional.
¿Cómo se puede proponer cobrarle un impuesto al productor chico y alejado del puerto, que está perdiendo plata, con el argumento de que se lo van a devolver después con lo retenido por los derechos de exportación, cosa que nunca será ecuánime y siempre genera corrupción?
Por todos estos argumentos, los productores, independientemente de la entidad a la que pertenecieran, vienen reclamando desde marzo de 2008 la eliminación de los derechos de exportación para poder recuperar el derecho la libertad, a la dignidad, al federalismo fiscal y a la independencia política de los dirigentes del interior.
Mal que les pese a los dirigentes agropecuarios, la oposición tiene propuestas que están mucho más cerca del reclamo de los productores. Propuestas que no se hicieron para defender a los productores grandes, sino porque se dieron cuenta de que lo que necesitan los productores son reglas de juego transparentes e iguales para todos.
Esa es la única forma de que el país pueda crecer exportando al mundo en forma sostenida. No necesitamos políticas que les saquen a los grandes para defender a los chicos.
Necesitamos implementar políticas activas para los pequeños productores, basadas en la educación y el conocimiento y en la integración horizontal y vertical, para que logren una escala que les permita competir en condiciones más parejas.
No van a prosperar los chicos castigando al grande. Se los defiende enseñándoles a trabajar en forma competitiva para insertarse en el nuevo sistema productivo de trabajo en redes -que vino para quedarse-, si queremos seguir aumentado la producción de alimentos para exportar al mundo, atendiendo simultáneamente el mercado interno.
A la Comisión de Enlace no le queda mucho tiempo para fijar una posición formal sobre los derechos de exportación, rechazados por la mayoría de los productores. Las entidades que coincidan con dicha posición y que defiendan un modelo económico basado en la integración al mundo, la libertad y la dignidad de los productores, los tendrá que representar pidiendo su eliminación y haciendo una propuesta para la coyuntura.
Como por ejemplo, cobrar una retención a cuenta del impuesto a las ganancias y otros impuestos, a fin de atender los problemas fiscales del estado, y, al mismo tiempo, identificar todas las operaciones de todos los cultivos.
Sería una retención -no un derecho a la exportación-, para pagar a cuenta el impuesto a las ganancias, que es coparticipable, con un bono fiscal intransferible. Y a quien no haya tenido ganancia, el tesoro nacional se lo devolverá en forma automática a todos los productores, sin distinción de tamaño.
Se trata de un sistema directo, que no requiere crear ningún fondo ni más burocracia para administrarlo. Lo que ocurrió con el debate del ONCCA no se debería repetir.
El principal responsable de lo sucedido fue la misma Comisión de Enlace, que no pudo sintetizar una posición mayoritaria. Al haber posiciones tan encontradas entre las mismas entidades, ¿por qué no habría de tenerlas cada legislador o cada espacio político? Esto no hubiera ocurrido de haber habido consenso entre las cuatro entidades.
¿Se repetirá este escenario con los derechos de exportación? ¿A quién van a echarle la culpa después los dirigentes agropecuarios que conducen actualmente las entidades? Señores dirigentes, dejemos de ver al pasado y pensemos en el futuro del país. Aprovechemos la gran capacidad de nuestros emprendedores que permitieron que el país pasara de producir 30 millones de toneladas a 95 millones.
Propongamos las correcciones para que el sistema sea más justo. Pero no sigamos poniéndole trabas al sector más eficiente de nuestra economía, que no es otro que el agropecuario y agroindustrial, gravándolo con un impuesto para exportar sus productos al mundo.
Fuente: Arturo Navarro – Consultor, ON 24.
