Las otras retenciones: en los últimos ocho años el gobierno nacional se apropió de 39.000 M/$ de propietarios de tierras en conservación

Parte de los fondos también corresponden a las provincias. En los últimos ocho años –la Ley de Bosques comenzó a regir de manera efectiva en 2010– el gobierno nacional debería haber transferido a las provincias compensaciones ambientales por casi 29.000 millones de pesos. Pero apenas desembolsó menos de 2100 M/$.

Parte de los fondos también corresponden a las provincias.

En los últimos ocho años –la Ley de Bosques comenzó a regir de manera efectiva en 2010– el gobierno nacional debería haber transferido a las provincias compensaciones ambientales por casi 29.000 millones de pesos. Pero apenas desembolsó menos de 2100 M/$.

Es decir: si se suman las asignaciones correspondientes a los ocho años comprendidos entre 2010 y 2017, puede advertirse que en ese período el gobierno nacional se apropió de unos 26.800 millones de pesos pertenecientes a las provincias. Los datos surgen del último informe de estado de implementación de la Ley 26.331 publicado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

En términos reales –pesos nominales ajustados por el IPC San Luis– la deuda ambiental de la Nación con las provincias asciende a unos 39.000 millones de pesos (ver planilla).

Recientemente el gobierno nacional incrementó la partida asignada en 2017 al Fondo de Conservación de los Bosques Nativos para ubicarla en 597,3 millones de pesos. Se trata de una cifra que –aún efectivizándola en su totalidad– representa un 8% de lo que corresponde legalmente.

“Sin desconocer las problemáticas socioeconómicas, ante la repetición de esta situación en detrimento del cuidado de estos valiosos ecosistemas, es necesario actuar con urgencia para cumplir con la asignación de los fondos que corresponden a la ley”, indicó un comunicado de la Fundación Vida Silvestre.

La Ley 26.331 (“Ley de Bosques”) dispone la creación de un Fondo de Conservación de los Bosques Nativos, cuyo propósito es compensar a las provincias y a los propietarios de campos que, debido al ordenamiento territorial establecido en cada jurisdicción, no puedan poner en producción el territorio en cuestión.

Dicho fondo –según lo determina la Ley de Bosques– debe ser integrado por partidas anuales que “no podrán ser inferiores al 0,3% del Presupuesto Nacional” y por “el 2,0% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración”.

Entre los años 2010 y 2015 los propietarios de tierras en conservación total (categoría roja) o en un régimen productivo restringido (amarilla) apenas recibieron 862 millones de pesos nominales, debido a que un 30% de la asignación se transfiere al gobierno provincial en cuestión, además de descontar gastos administrativos y financieros. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable aún no publicó el informe correspondiente al detalle de efectivización de compensaciones instrumentadas en 2016.

Fuente: Valor Soja