Insólito: obras destinadas a controlar inundaciones son financiadas por automovilistas mientras la soja se emplea para cubrir el 26% de la obra pública provincial

En lo que va de este año el gobierno nacional adjudicó dos grandes obras de infraestructura destinadas a mitigar el impacto de los excesos hídricos recurrentes. Una es la ampliación de la red del Plan Maestro de la Cuenca del Salado por 1677 millones de pesos. La otra es el reacondicionamiento del tramo San Francisco-Río Carcarañá del Sistema Canal San Antonio-Arroyo de las Tortugas por 568 millones de pesos.

Con los recursos aportados por la producción se podrían licitar todas las obras necesarias para mitigar excesos hídricos.

En lo que va de este año el gobierno nacional adjudicó dos grandes obras de infraestructura destinadas a mitigar el impacto de los excesos hídricos recurrentes. Una es la ampliación de la red del Plan Maestro de la Cuenca del Salado en los partidos bonaerenses de General Belgrano, Monte, Roque Pérez y Lobos por 1677 millones de pesos. La otra es el reacondicionamiento del tramo San Francisco-Río Carcarañá del Sistema Canal San Antonio-Arroyo de las Tortugas por 568 millones de pesos.

Ambas obras son financiadas con recursos provenientes del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, el cual se alimenta con una tasa que se aplica sobre la venta de nafta y GNC. Es decir: con los aportes de todos los propietarios de vehículos del país.

Sin embargo, los recursos aportados por empresarios agrícolas serían, sólo en lo que va del año, más que suficientes para licitar al menos diez grandes obras hidráulicas en diferentes zonas de la región pampeana afectadas por inundaciones.

En los primeros ocho meses de 2017 el gobierno nacional transfirió a los gobiernos provinciales 53.160 millones de pesos para realizar gastos de capital, de los cuales 13.940 millones se originaron en el Fondo Federal Solidario, según datos oficiales del Sistema Integrado de Información Financiera (Sidif) del Ministerio de Hacienda recopilados por técnicos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap).

Es decir: en enero-agosto de 2017 los productores sojeros aportaron los recursos necesarios para financiar un 26% del presupuesto de obra pública de todas las provincias del país (uno de los recursos favoritos de los gobiernos provinciales en un año electoral).

Los recursos del Fondo Federal Solidario se conforman con el 30% de lo que la Nación recauda en concepto de derechos de exportación de poroto, harina y aceite de soja. El decreto 206/09 dispone que los mismos se coparticipan entre todas las provincias para destinarse a “obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales, con expresa prohibición de utilizar las sumas que lo compongan para el financiamiento de gastos corrientes”.

Los recursos del Fondo Federal Solidario (que más que solidario es forzoso) representan una suerte de “regalías sojeras” transferidas por las provincias de la zona pampeana al resto del país (algo que podría considerarse insólito porque las regalías petroleras o mineras, lejos de redistribuirse entre todas las jurisdicciones argentinas, son percibidas por aquellas provincias en las cuales se originan tales recursos).

Fuente: Valor Soja