Fuerte rechazo en el agro a una norma que podría suspender a las empresas por orden de Comercio.

Luego de que el Gobierno determinara que, para permanecer en un registro oficial, las empresas deberán cumplir con las normas, sentencias o laudos de organismos con competencia en el abastecimiento interno, en obvia referencia a la Secretaría de Comercio Interior, en la agroindustria se encendieron las luces de alarma.

En diálogo con LA NACION, referentes de varios sectores consideraron a la disposición como excesiva y advirtieron acerca de la repercusión que cualquier eventual infracción comercial podría llegar a tener en la actividad industrial.

La resolución del Ministerio de Agricultura, que fue publicada en el Boletín Oficial a principio de este mes, señala que quienes no estén en línea con los requisitos estipulados podrían ser suspendidos del Registro Único de la Cadena Agroindustrial (RUCA). Es decir, si la Secretaría de Comercio, por ejemplo, le informa a Agricultura que una empresa no tiene lealtad comercial o incumplió un convenio, la misma podría ser dada de baja de ese registro clave para poder trabajar tanto en el mercado interno como para exportar.

"Si lo que se busca con esto es que se cumpla con los acuerdos, puede ser peor el remedio que la enfermedad", comentó Ércole Felippa, presidente del Centro de la Industria Lechera (CIL). "En nuestro caso, hoy no hay elementos objetivos que hagan presuponer que pueda llegar a haber desabastecimiento de productos lácteos. La producción nacional alcanza para abastecer normalmente la demanda local", precisó el dirigente de la entidad que agrupa a las usinas lácteas generadoras del 65% de la leche que se procesa en el país.

Desde el CIL aseguran que lo único que podría complicar la situación sería algún acontecimiento ligado a lo climático u otra cuestión extraordinaria que provoque una baja de la producción. Sin embargo, más allá de ello, en el sector lácteo no encuentran motivos para tener problemas, ya que también cumplen con el programa de precios máximos acordado con el Gobierno.

Por su parte, desde la industria molinera consideraron a la medida como "un exceso". Y agregaron que, al no poderse determinar la gravedad de la infracción en el comercio, la suspensión del RUCA podría producirse por factores externos a lo estrictamente productivo. "Una infracción comercial no tiene por qué generar que cesen las actividades industriales", advirtieron.

En ese sentido, el analista económico Jorge Ingaramo apuntó que las consecuencias de la medida pueden llegar a ser impredecibles. "Lo importante es saber en qué momento se gatilla la suspensión del inscripto en el RUCA, porque si la mera denuncia de un consumidor genera que a una empresa se la suspenda, estamos en un problema. Esta incertidumbre afecta a las inversiones y hace que aumente el riesgo de la actividad empresarial", dijo a LA NACION.

Consultada al respecto, una fuente de la industria de la carne consideró que "en algunos temas sensibles los límites no son tan claros", pero que, en última instancia, todo pasa por el adecuado uso de las disposiciones que se haga en cada caso. "Es habitual que existan requisitos cruzados entre diferentes entes del Estado con el objeto de impulsar el cumplimiento de normas", matizó.

Según precisa la resolución, lo que busca el Gobierno es "resguardar el derecho a la alimentación de las personas que habitan el suelo argentino, en un todo de acuerdo a los fines y principios que surgen de la propia Constitución Nacional".

A su vez, detalla la necesidad de evitar que "las normas dictadas en materia de consumo o abastecimiento alimenticio se tornen en letra muerta por falta de efectos, o que tengan un efecto diferenciado que las torne ilusorias; pero sin tomar intervención o injerencia en los restantes procesos llevados adelante por los órganos con competencia en tales materias, sino solo ante los incumplimientos allí detectados".

El RUCA permite a las empresas anotadas operar tanto en el mercado local como en el externo. Con estas nuevas obligación, el Gobierno suma exigencias a las ya agregadas el año pasado, cuando incorporó como requisito para ser incluido en el registro oficial cumplir con la liquidación de divisas. Ahora, este mecanismo se replica pero para el abastecimiento interno.

Precios atrasados

Otra cuestión que se enmarca a este problema es la del atraso de los precios. En enero, la Mesa del Trigo le pidió al Gobierno que establezca una fórmula de actualización para los precios máximos de la harina del cereal, ya que hace un año se encuentra congelado. Desde la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) pidieron en una reunión con los funcionarios que haya precios acordes con los valores actuales del trigo y de los índices inflacionarios previstos para el 2021.

En el sector molinero indican la existencia de una distorsión principal: la incompatibilidad de la política de precios máximos con un mercado de trigo que fluctúa a libre precio y que en el último año creció 65%, mientras que, a lo largo de ese mismo periodo, la harina controlada por el Gobierno tuvo un aumento total de 9%.

Fuente: Pedro Lacour – Diario La Nación