Los productores tienen en sus manos 8,4 millones de toneladas de soja de la campaña pasada. Y pese a los buenos precios del cultivo que se vienen dando en el mercado internacional, prefieren conservar los granos por la brecha cambiaria del dólar y porque la utilizan como “moneda” de cambio.
El fin de semana la Policía de la provincia de Santa Fe detuvo al abogado y ex diputado provincial Hernán Agú, junto a su hijo Emilio Agú y a Leonardo Balsaretti, por presunto robo de hacienda.
El procesamiento de soja en Argentina alcanzó en enero su segunda mejor marca en la historia para ese mes, al moler 3,2 millones de toneladas. Según la estadística de la Bolsa de Comercio de Rosario, quedo sólo detrás de las 4 millones de toneladas que se molieron en enero de la campaña 2015.
Impulsados principalmente por el aumento del precio de los granos, los valores de los insumos agrícolas muestran una tendencia alcista. El movimiento está siendo liderado por la urea y por el fósforo, pero también se notan correcciones en otros agroquímicos de uso frecuente en cultivos.
El dato corresponde al primer informe realizado sobre cebada por el Instituto Nacional de Semillas (Inase) en base a las declaraciones realizadas por productores ante el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA).
En la última semana, la cosecha de girasol avanzó 2,9% alcanzando a cubrir el 19,3 % del área apta y se han registrado los primeros lotes recolectados sobre la franja sur del área agrícola, con rindes de entre 12 y 35 quintales por hectárea.
Unos 2000 vacunos fueron robados del establecimiento rural "Las Gamitas", en el distrito Golondrina, departamento de Vera, a 353 kilómetros al norte de esta capital. Es el hecho de abigeato de mayor trascendencia en la provincia. A valor actual se trata de hacienda por unos $180 millones, según trascendió.
Un grupo de 69 acreedores de granos de la cerealera Vicentin, a quienes la empresa les debe entre el 25 y el 30% de una deuda total por cereal de US$300 millones, propusieron, entre otros puntos para el salvataje de la firma, la salida de los accionistas actuales (ligados a la familia Vicentin) y un plan de capitalización. También reclamaron en la negociación la participación del Estado nacional y del gobierno de Santa Fe.
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