Una práctica usual del régimen kirchnerista. Los compradores de granos –a partir de lo determinado por la resolución general 2300/07 de la Afip– deben retener a los productores inscriptos en el Registro Fiscal de Operadores de Granos el 8% de IVA con una devolución (teórica) del 7% en un plazo máximo de sesenta días de emitida la Liquidación Primaria de Granos.
“20 mil vueltas a la tierra”. “$14,50 de cada $100 de producción”. “85% granos en camión, 13% en tren”, son algunas de las “cifras que hablan”. Según un informe de FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina), cada 100 camiones, 15 se gastan en fletes.
El campo necesita, en promedio, un 14% más de soja, un 18% más de maíz y un 10% más de trigo para comprar la misma cantidad de insumos o equipos que en julio pasado. Estos datos reflejan una pérdida de poder adquisitivo del productor, tras la considerable recuperación que tuvo con el actual gobierno.
Se trata del 10% del total de productores de soja a nivel nacional. Para la campaña de soja 2016/17 las autoridades del Instituto Nacional de Semillas (Inase) identificaron a unos 6000 “grandes usuarios de semillas” para someterlos a un “control exhaustivo” en lo que respecta al uso legal de cultivares.
Mientras la demanda mundial de alimentos aumenta, el manejo sustentable de los suelos es uno de los principales desafíos. Una mayor producción de granos está ligada al incremento en el consumo de nutrientes.
En contraposición a los que deban vender su producción a los valores actuales. Los empresarios agrícolas que deban vender su producción de trigo en el disponible para hacer caja podrán incrementar el precio recibido gracias al empleo de la tecnología comercial.
Últimos datos informados por la Commodity Futures Trading Commission. Los operadores especulativos que operan en el mercado de Chicago (CME Group) comenzaron a retomar posiciones compradas (“alcistas”) en soja ante la perspectiva de una demanda firme tanto en el mercado externo como interno (EE.UU.).
El debate sobre la ley de semillas iniciado en el Congreso, que busca generar un nuevo marco legal en un eslabón clave para la cadena de valor del agro, es una experiencia democrática muy saludable y vibrante.
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